La denominada operación “CVCD” ha culminado una investigación iniciada a primeros de este año por la comisión de un delito contra la propiedad intelectual.
A través de la página web www.cvcdgo.com, los usuarios habituales o esporádicos de ésta, previamente registrados, podían obtener copias de películas cinematográficas de reciente estreno usando programas P2P, los cuales permiten a las personas conectadas a la citada red intercambiar ficheros que almacenan las películas. La web cvcdgo.com era el vehículo necesario para llevar a cabo la distribución citada, dado que la misma contenía vínculos para el acceso a dichos contenidos protegidos (careciendo los administradores y los usuarios de la página web de cualquier tipo de autorización por parte de los titulares de los Derechos de Propiedad Intelectual de dichas obras culturales), realizando una puesta a disposición permanente de los mismos para proceder a la descarga on line.
Ofrecían películas aún sin estrenar
Las películas son reproducciones ilícitas, muchas de ellas pendientes de su estreno, obtenidas sin autorización (por rippeo de soportes digitales, grabadas mediante screening en salas comerciales de exposición o telecinadas), apareciendo en la web objeto de denuncia una relación de los diferentes formatos en que cada película se puede descargar.
En el portal denunciado se procedía a defraudar a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual existentes al respecto, proporcionando un lucro directo a los responsables del mismo, ya que a través de la página www.cvcdgo.com obtenían cuantiosos ingresos pecuniarios mediante los anuncios publicitarios insertados en la referida página. Por ello, al administrador de la página le interesa insertar contenidos atractivos en la misma (películas recién estrenadas) para obtener una alta cuota de visitantes que se verán obligados a visionar los anuncios expuestos en la página mediante diversos métodos (pop ups, banners, links) y así obtener mayores ingresos procedente de quienes se publicitan en dicha página.
Tal y como se constata en la denuncia, formulada en nombre y representación de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales ( EGEDA), la página cvcdgo.com, desde el inicio de su servicio hasta el 31 de mayo de 2005, recibió 11.197.984 visitas (cifra de la que se puede inferir los potenciales ingresos obtenidos de los publicistas).
Se han identificado varias empresas de servicios de publicidad de Internet, a través de las cuales se publicitaba diverso material pornográfico a modo de acceso a webs de pago y otros servicios, por los que éstas empresas obtenían unos beneficios económicos que trasladaban a los titulares del dominio “cvcdgo”.
La titularidad de “cvcdgo” aparecía distorsionada ya que la totalidad de los datos de registro existentes al respecto eran completamente falsos.
La referida página web www.cvcdgo.com fue constituida en el mes de febrero del año 2004, por una sociedad virtual formada por cuatro individuos que únicamente se conocían a través de vía telemática, medio utilizado para concertarse para el desarrollo de la actividad ilícita descrita, siendo la empresa que presta el sitio web al denunciado la denominada NAVENETWORKS S.L., si bien la ubicación física de las máquinas que albergan los contenidos se halla en Estados Unidos, en concreto en la localidad californiana de San Diego.
Toda esta trama pone de relieve el problema global que suponen este tipo de infracciones, para las que se utiliza una herramienta con una potencialidad de acceso a millones de lugares distribuidos por todo el mundo, y en el que la identificación pormenorizada de todos los pasos dados por los infractores supone un continuo reto para los investigadores policiales que está llena de obstáculos que éstos deben de franquear.
Los infractores, a través de la mercantil denominada “vivelared”, que compra o alquila servidores a Navenetworks S.L., obtenían el soporte técnico de su página (cvcdgo.com) dado que “vivelared” les ofrecía alojamiento gratuito para poder costear el gasto de alojamiento mediante publicidad. El único dato aportado por la titularidad del dominio al darse de alta era una dirección de correo electrónico, con el nick de “malavida”, y por tanto careciendo de datos físicos suficientes para identificar a los responsables de la actividad ilícita detallada.
Cuatro detenidos en Málaga, Sevilla y Madrid
Las cuatro personas que formaban la sociedad y que crearon la citada página web, estaban organizados y tenían un reparto claro de tareas. Uno de ellos que respondía al nick de “malavida”, residente en Málaga, era el encargado de la gestión económica, en contacto con las empresas que gestionaban la publicidad insertada en la página, emitiendo las correspondientes facturas por los ingresos obtenidos. Para ello se servia de una empresa dada de alta en el registro mercantil central y cuyo objeto social es la explotación de bares, restaurantes, cafeterías y tiendas de ultramarinos.
Otro de ellos, residente en Madrid, es el webmaster, encargado de la creación y diseño de la referida página y las otras dos personas encartadas y que respondían a los nick de “hav” y “eth”, domiciliados en Sevilla y Madrid respectivamente, eran administradores moderadores de la misma, encargados del control de foros y de salvar cualquier tipo de incidencia que pudiera surgir.
Se ha procedido a la detención de todos ellos, acusados de la comisión de un delito contra la propiedad intelectual. Se trata de:
Mario Q. T., de 37 años de edad domiciliado en Málaga.
Javier R. S., de 30 años y domiciliado en Sevilla.
José Darío O. DE F., de 27 años y domicilio en Madrid.
Angel G. M., de 27 años y domicilio en Madrid.
En el registro realizado con la preceptiva autorización judicial, en el domicilio de Málaga de uno de los encartados, se ha intervenido numerosa documentación así como cuatro discos duros de ordenador, que están a la espera de su análisis pericial por parte de Policía Científica. Paralelamente, se ha procedido al cierre de la página web objeto de investigación.
Con la presente intervención policial se ha dado respuesta a las reiteradas demandas de quien ostentan los legítimos derechos de propiedad intelectual de las producciones audiovisuales, que sufren cuantiosas pérdidas económicas por esta práctica. A esto hay que sumar las elevadas pérdidas provocadas por la defraudación sistemática realizada a la Hacienda Pública por tal concepto, generando así mismo un impacto altamente negativo sobre el sector de la creación cinematográfica a todos los niveles (producción-distribución).
Los representantes de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), han expresado su enorme satisfacción con la intervención policial llevada a cabo, que ha supuesto la primera intervención policial-judicial de estas características realizada a nivel europeo.
