Las multas son de 38 ¤ por cada fichero descargado, 150 ¤ por cada fichero puesto a disposición de los demás, 750 ¤ por el simple hecho de poseer un cr ack, hasta 30.000 ¤ y 6 meses de prisión si de demuestra que lo has usado o si publicas la información o los medios para hacerlo, y hasta 300.000 ¤ y 6 meses de carcel a quien publique software con la clara intención de facilitar la descarga de contenido protegido.
Este último punto es uno de los más peligrosos, y vuelve a traer a la palestra la polémica sobre si la responsabilidad de los contenidos que circulan son de los usuarios de los programas P2P o de los programadores que los ponen a disposición del público, al no incluir medios que limiten esas descargas. Los jueces serán los que en cada caso decidan.
Queda ver como queda la aplicación práctica de estas nuevas leyes y donde quedan los límites entre la privacidad de las comunicaciones y la investigación policial.
Se avecinan muy malos tiempos para el intercambio de ficheros.
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