Los programas de ingeniería que crackeaba son “los más utilizados por los profesionales, programas que por lo general tienen un altísimo coste”, informa la Policía en una nota.
Tras analizar los programas y lograr la manera de saltarse las protecciones de seguridad, el detenido se dedicaba a publicar mensajes en distintos sitios de la Red (no especificados), en los que “manifestaba ser el único creador de los correspondientes cracks”.
La Policía asgura que es “absolutamente imposible” calcular los daños causados por la actividad de P.Power a las empresas dueñas de los programas, dado que “no se puede averiguar con exactitud las personas que han podido descargar estos programas y sus cracks a través de Internet”.
Un cracker o pirata informático es un individuo que aprovecha sus conocimientos para violar sistemas de seguridad informática, y busca un beneficio propio. En este caso, P.Power creaba cracks y, entre otros beneficios, buscaba notoriedad en la Red. Se diferencia claramente de los hackers informáticos, expertos que buscan el aprendizaje constante y comparten sus conocimientos por afición.
Crackeo de Presto
Esta detención se produce a raíz de una denuncia interpuesta por la empresa española Soft SA, propietaria del programa Presto, un software de presupuestos, mediciones, tiempos, seguridad y salud, calidad, medio ambiente y control de costes, según informa su página web.
Según Santiago Dotor, uno de los socios de Soft SA, la empresa ha detectado “decenas de miles de usuarios”, mientras que existen alrededor de 35.000 copias registradas, por lo que “evidentemente existen muchas copias ilegales”.
A través de una investigación de carácter privado, los responsables de Soft SA llegaron a la conclusión de que sólo existía un crack para su programa, cuyo responsable tenía el alias de P.Power, y denunciaron los hechos. Según sus abogados, pertenecientes a Landwell-PwC, sólo los prejuicios ocasionados a Soft SA están calculados en unos 100 millones de euros.
Desde Soft SA aseguran que no irán contra las empresas y usuarios que utilicen el programa crackeado, ya que esperan que regularizarán su situación voluntariamente.
El uso de este tipo de programas, según Dotor, es negativo por tres razones: hay competencia desleal entre las empresas que pagan licencias y las que no, no se garantiza la integridad del programa crackeado, con los riesgos que ello conlleva (sobre todo, si hablamos de software dirigido a la realización de obras de ingeniería), y supone un perjuicio para las empresas de software españolas frente a las multinacionales estadiounidenses.
Fuente: www.elmundo.es