Francia posiblemente apruebe una Ley Anti-P2P

Tal vez haya quien piense que estas nuevas formas de control y criminalización sólo afectan a chavales que intercambian música. No es así. Hoy en día gran parte de nuestros datos navegan por Internet y si se establece la obligatoriedad de controlar algo como los derechos de autor, nada impide que mañana mismo sea rutinario controlar nuestros movimientos bancarios o nuestros correos electrónicos privados.

Y esto que sucederá en Francia (muy probablemente el día 22), será aún más duro en España si se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en trámite parlamentario. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no tiene el menor empacho en espiar mediante vídeo una boda (prueba admitida ayer por un juzgado de Sevilla), ¿por qué no habría de espiarnos digitalmente?

Pero vayamos por partes. La ley francesa, que responde ni más ni menos que a las aspiraciones máximas del conglomerado mediático Vivendi / Universal y de la sociedad de autores francesa SACEM, constituye todo un catálogo de horrores, parte de los cuales será casi imposible de cumplir, pero algunos de cuyos aspectos suponen verdaderos atentados contra la libertad y la intimidad de las personas.

La indignación contra la ley no surge sólo de unos cuantos franceses «alternativos» agrupados en EUCD. El semanario más sesudo del mundo, el alemán «Die Zeit», denunciaba escandalizado cómo, en primer lugar, la ley prohibirá la utilización de cualquier software que pueda ser utilizado para la transmisión de contenidos protegidos en Internet y que no soporten un Control de Derechos Digitales (CDD). Esto incluye prácticamente todo los browsers, programas de FTP, mensajería instantánea o telefónica, programas P2P…

Otro punto es que todas las emisoras de radio o TV en Internet, una vía de futuro, estarán obligadas a emitir únicamente programas protegidos por CDD. Da igual que sea música no controlada por la SACEM, de la retransmisión de un concierto de noveles o del cumpleaños familiar.

La tercera disposición denunciada por «Die Zeit» es aun más asustante: los proveedores de Internet se verán obligados a vigilar todo su tráfico para vigilar posibles infracciones de los derechos de autor. Quien no cumpla se enfrenta a la cárcel y/o multas de hasta 300.000 euros.

Hay mucho más, porque ni siquiera la publicación alemana puede abarcar toda la riqueza de la nueva ley. Además de lo anterior, quedará prohibido hacer compilaciones propias, transferir canciones de un CD (propio) al formato mp3, prestarle un CD o un DVD a un amigo, leer un DVD en el ordenador con un software gratuito… Todo ello asimismo bajo penas de cárcel.

La ley, aparte de poco práctica y de poner fuera de circulación un 80% de los programas actualmente en uso, viene a suponer una criminalización directa de actos que, en el peor de los casos, constituyen ahora una falta o un delito civil. Limita de forma prodigiosa la utilización de algo que uno ha adquirido e introduce sistemas de vigilancia sólo utilizados en la lucha antiterrorista. ¿Suena exagerado? No lo es. Varias compañías discográficas han solicitado del Gobierno norteamericano que aplique la ley antiterrorista para controlar a quienes intercambian archivos. ¿No suena un poco estridente comparar una cosa con la otra? Para esas compañías, no.

Unas compañías, todo sea dicho, que no tienen el menor problema en perpetrar actos ilegales contra sus propios clientes. Sony y Warner han tenido que aceptar multas multimillonarias (10 y 5 millones de dólares) por haber sobornado a emisoras de radio y TV. No contenta con ello, Sony/BMG ha ido un poco más allá y recientemente ha sido denunciada en Estados Unidos por haber introducido en sus CD´s un programa espía que se instalaba sin previo aviso en el ordenador del usuario y enviaba a Sony todo tipo de información sobre las actividades musicales (o no) del mismo. Sony ha tenido que retirar dicho programa y ahora se enfrenta a las querellas de miles de usuarios que sienten, con toda lógica, que su intimidad ha sido violada.

Ninguna respuesta social

El problema es que estos «lobbys» de orden monopolista no encuentran ninguna respuesta social. Todo el mundo está de acuerdo en que los creadores deben poder vivir de su trabajo, ¡faltaría más! Lo que no está ni mucho menos claro es que el actual sistema de recaudación y reparto sea justo Para empezar, los «creadores» no cobran proporcionalmente, sino según unos baremos que benefician a los más «grandes» y a sus editoriales. Por otra parte, ¿qué «incentivo» supone para un creador que los derechos de sus obras tengan una vigencia de 50 o 70 años después de su muerte? ¿A qué «creatividad» beneficia eso? ¿A la de sus biznietos? ¿O, más bien, a las empresas editoriales y a las entidades recaudadoras?

En ningún momento se habla de que los autores están cobrando más que nunca porque hay muchas más emisoras de radio y TV que necesitan música, porque hay más conciertos de los que nunca existieron, mas festivales, más anuncios, más «música ambiental»… Tampoco que, gracias al intercambio sin animo de lucro de archivos, el publico dispone de «toda» la música, no sólo de la que las compañías deciden mantener en catálogo. Y que debido a ello la cultura musical, ese bien tan poco mercantilizable, está ascendiendo de forma geométrica. Estas consideraciones sociales no encuentran hoy una voz que pueda presentarlas frente a un «lobby» mediático que, en defensa de unos intereses cuestionables, prefieren ignorarlas. Y eso no puede ser sano.

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